Primero fue el secretario general de CCOO, José Maria Fidalgo.

El sindicalista dijo descarnadamente que "quien se lo ha llevado crudo en los últimos años no puede pretender que les echemos ahora una mano". Solbes se puso detrás chupando rueda. En su primera comparecencia de la legislatura afirmó que el sector de la construcción tenía que "ajustarse" y que el gobierno no debía "sobreactuar" para tratar de corregirlo. Las palabras del vicepresidente provocaron la airada reacción de la patronal que pidió "menos discursito" y más acción. Ahora le llega el turno al secretario general del G14, Pedro Pérez. El 'lobby' que agrupa a las grandes inmobiliarias no confronta con el vicepresidente, pero pide que el gobierno inyecte 40.000 millones de euros para salvar el sector.

En caso contrario, anuncia el 'apocalipsis'. De seguir a este ritmo, en el 2008 se construirán sólo 200.000 viviendas, menos que las 350.000 demandadas anualmente y cerca de un tercio de las construidas el año pasado. Es verdad que hay que dar salida al 'stock' de viviendas, calculado por el G14 en cerca de 500.000 viviendas. Pero la merma en la producción producirá -según los cálculos del G14- cerca de 250.000 empleos destruidos.

Y ya se sabe: un empleo destruido es un nuevo subsidio de desempleo, un IRPF mermado, un IVA en caída libre, una actividad ralentizada, unos beneficios empresariales recortados, un impuesto sobre Sociedades caído y un déficit público a la vuelta de la esquina. El círculo virtuoso se convierte en círculo penoso.

Porque cuando la construcción va, todo va, pero cuando la construcción no va, no va nada.

Fidalgo y Solbes tienen razón. Pero el lobby inmobiliario también. Al final, el problema se plantea principalmente por una ingerencia administrativa asfixiante en un bien esencial para la vida como es la vivienda. Sin embargo, hay cosas que los poderes públicos pueden hacer sin necesidad de aportar presupuesto. En primer lugar, pueden agilizar las licencias de obras. Cada día de retraso en la puesta en disposición es un coste no siempre contabilizado.

En segundo lugar, ayuntamientos y CCAA deberían renunciar a financiarse vía suelo. Porque digámoslo bien alto: el verdadero especulador del suelo es la administración local, que no goza de suficiencia financiera. ¿Para cuándo una reforma de la Ley de Haciendas Locales? Además, liberalizar el suelo permitiría contar con materia prima barata que recortara el precio final. Por último, la VPO debería ser una ayuda puntual (alquiler) para garantizar el acceso a una vivienda a quien no tiene recursos.

Pero no puede ser una lotería (compra) que terminamos pagando todos.

Es verdad que los inmobiliarios se lo han llevado crudo. Pero también los ayuntamientos y las CCAA. Es hora de un ajuste general, no sólo de los 'ladrilleros'. Y lamentablemente, de esto no hemos escuchado nada al vicepresidente. Será que el ahogo de su 'sudoku' de la financiación autonómica no le permite introducir nuevos cambios.

FAX PRESS.-