Los datos sobre los retrasos judiciales no son buenos pero tanpoco irremediables. Desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sacara a la luz un informe que evidenciaba tal atasco, con 270.000 sentencias pendientes de ejecutar, la opinión pública puso el grito en el cielo. Sin embargo, parece que desde el Ministerio de Justicia y desde la judicatura se intenta amainar la tormenta. Aunque reconocen deficiencias y lentitud en el sistema, niegan hablar de colapso y lo achacan a una mala interpretación de los datos. El primero que negó la pésima situación de la Justicia fue el ministro Mariano Fernández Bermejo. Pero no es el único. Las asociaciones de jueces consideran que no se acoge a la realidad la imagen de colapso de los tribunales.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, sostiene que se ha hecho una lectura "equivocada e interesada" de los datos del CGPJ porque la cifra de 270.000 sentencias sin ejecutar, es decir guardadas en el cajón, no se ciñe a la verdad.

En este dato se cuenta con las sentencias que se están ejecutando. Es decir, si un preso está cumpliendo tres años de cárcel, hasta que no se excarcele ese expediente no queda cerrado y hasta entonces consta como pendiente. A su juicio, en realidad, las sentencias pendientes no son ni la mitad de las que aparecen en el informe.

Para el magistrado, la prueba de que la Justicia funciona y no está estancada son las cifras de Instituciones Penitenciarias, que demuestra la "inmensa" cantidad de gente que ingresa en las cárceles españolas.

LA POLICÍA NO BUSCA A LOS PRÓFUGOS

Por eso, entiende que no se puede hablar de colapso, aunque sí de preocupación. A su juicio, el problema de la poca eficacia en el funcionamiento de la Justicia no es sólo responsabilidad de los jueces. Tapia apunta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como otro de los factores a tener en cuenta. Aunque un juez dicte una orden de busca y captura de una persona para que ingrese en prisión, si la Policía no le busca o no le encuentra, no sirve de nada.

El portavoz de JpD justifica el trabajo de la Policía y es que tienen otras prioridades. Y el problema siempre radica del mismo punto: el dinero. El Gobierno no está dispuesto a invertir para que pueda haber un número de policías que se dediquen en exclusiva a buscar a prófugos. Mientras tanto, se limitan a los controles rutinarios o detenerle por azar.

Otro de los problemas, según Tapia, es el legislador, que aprueba leyes y luego no pone más medios para poder llevarlas a cabo. "El legislador se piensa que sólo hay que dictar sentencias, pero es que luego hay que ejecutarlas", indica Tapia, que apuesta por la incorporación de más jueces.

Sin embargo, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García Martínez, cree que lo primordial es sanear las infraestructuras y modernizarlas.

"Una vez que se dé ese paso se verá si se necesitan más jueces, pero primero es necesario que las cosas funcionen", destaca. A su juicio, los medios que emplean en los juzgados y tribunales son "anacrónicos y obsoletos".

El magistrado tampoco está de acuerdo con el adjetivo 'colapsado' para la Justicia y critica que haya saltado ahora a la palestra tras el 'caso mari Luz', cuando lleva "muchísimos" años con un "severo y serio retraso". Pero, en ningún caso, cree que es justo decir que la Justicia es caótica y que no valga para nada.

"La Justicia cumple un papel, sigue garantizando los derechos de los ciudadanos, pero no lo presta es los términos de rapidez, urgencia, eficacia y eficiencia como se reclama", subraya.

LA "HERMANA POBRE" DEL GOBIERNO

Para García Martínez, si desde hace veinte años que se lleva arrastrando este problema todavía no se ha solucionado es porque "hemos sido incapaces de tejer un consenso político sincero, verdadero, comprometido, que vaya más alla de la bronca, con la vista puesta en el bien común".

Para poder conseguir un "verdadero" consenso político es necesario, según el magistrado, aparcar las disputas políticas y que se invierta. "Hay que dejar de considerar a la Justicia la cenicienta, la hermana pobre del Gobierno, y eso no se puede hacer si no hay gasto ni inversión", señala.

Ante la voz de alarma saltada esta semana por los datos del CGPJ, hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su preocupación aunque aseguró que llevan trabajando cuatro años para intentar solucionar el atasco.

"Estamos trabajando para establecer mecanismos de simplificación, aceleración, respuesta rápida y eficaz", afirmó la dirigente socialista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, reconoció que "no es razonable" la "lenta" respuesta que se da, por parte de la Justicia, a los ciudadanos. "El Gobierno es absolutamente sensible a este problema y queremos trabajar si es posible junto al resto de fuerzas políticas para solucionarlo", añadió.

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy en rueda de prensa que su partido quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno "pero no sólo para renovar el CGPJ, que eso no es la vida de la gente, sino para que la Justicia funcione, porque se ha convertido en una prioridad nacional".

Fax Press - C.Garrido