El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha salido en tromba para exigir responsabilidades políticas al alcalde de la localidad madrileña de Coslada, Angel Viveros (PSOE), donde el pasado jueves fueron detenidos 22 miembros de la Policía Local que se dedicaban a la extorsión de comercios y bares de alterne, por considerar que con las explicaciones que ha ofrecido sobre las causas por las que no se ha actuado contra los policías corruptos "ha tratado de escurrir el bulto" y ha cargado las responsabilidades sobre los vecinos al afirmar que nadie había presentado denuncias.

Entretanto otros dos policías municipales de la localidad madrileña han sido detenidos dentro de la "operación Bloque" que permanece abierta. Por su parte el titular del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, dejó en libertad con cargos a siete de los policías detenidos, a los que se les acusa de los delitos de corrupción, chantaje, amenazas, cohecho y lesiones.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados y los consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, y de Sanidad, Juan José Guemes pidieron al alcalde de Coslada, Angel Viveros (PSOE), que asuma la responsabilidad política por la trama descubierta. El alcalde de Coslada "como jefe superior de la policía", tiene que asumir "su responsabilidad directamente" y "tiene que facilitar que se instruyan todas las diligencias necesarias; tiene que propiciar que todos los vecinos que hayan sufrido alguna actuación anómala lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento y tiene que facilitar que se aclare todo", dijo González.

"El alcalde, que es el responsable de la Policía Municipal, debe dar explicaciones de una manera más contundente. He oído esta mañana que decía que su conductor que ha sido detenido en la operación, se los habían asignado. Creo que es impresentable", dijo Granados, quien mostró su disposición a enviar a nuevos policías locales de otros municipios "para garantizar la seguridad de los vecinos de Coslada" como permite la Ley de Coordinación de Policías Locales en situaciones especiales como ésta. Sin embargo el concejal de Seguridad de la localidad, Antonio Murillo, considera que hay agentes suficientes para garantizar la seguridad de los vecinos.

EL ALCALDE INSISTE

El alcalde de Coslada, por su parte, insistió hoy en defender su actuación y afirmó que si hubiera habido indicios de la trama de corrupción habría actuado.Viveros reconoció que se habían producido "las típicas quejas de infracciones y sanciones" contra los agentes y que siempre que se habían producido se había invitado a los ciudadanos "a acudir a los tribunales porque sin pruebas no se puede denunciar"."Sí que estaba el rumor y ahora, después de que ha ocurrido, toda la gente se apunta al carro de decir que esto ya se sabía.

Se sabía pero nadie actuaba. Desde una institución tenemos que guardar el Estado de Derecho y sin pruebas no se puede actuar", dijo en declaraciones a Radio Nacional. El alcalde de Coslada se reunió a última hora de la mañana con los policías municipales del turno de mañana y tarde

El secretario de Organzación del PSOE, José Blanco, recordó que "hace seis años" el anterior alcalde socialista destituyó al Jefe de la Policía Local -también detenido como supuesto jefe de la trama de extorsión- y "un juez dijo que no había ninguna razón para que no siguiera en su puesto". Blanco pidió que se llegue hasta el fondo de esta asunto para depurar todas las responsabilidades.

También la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, subrayó que "la operación que se ha producido "demuestra que el Estado de derecho funciona y que la democracia termina siempre por imponerse. "No hay nada que repugne más al Gobierno que la corrupción y el abuso de poder", apostilló, antes de recordar que el Ejecutivo "es implacable en la lucha contra la corrupción".

Fax Press - F.Vidal