El Gobierno revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la laicidad del Estado. Así lo anunció esta semana, de forma un tanto inesperada, la vicepresidenta primera del Gobierno. La intención es adecuar la norma a las "nuevas circunstancias y la pluralidad religiosa" existentes, según dijo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa se aprobó el 5 de julio de 1980, con el Gobierno de Adolfo Suárez, y con ella quedó derogada otra norma que databa de 1967.

Con el nuevo texto, el Estado garantizaba el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocido en la Constitución, al tiempo que se establecía que ninguna confesión tendrá carácter estatal. En el artículo segundo se reconoce, entre otros, el derecho de los ciudadanos a practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, y a recibir e impartir enseñanza a información religiosa de toda índole.

La Ley también indica que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. Un año antes, España había firmado los acuerdos con la Santa Sede que aún están en vigor. De la Vega especificó que ahora es necesario establecer garantías para el ejercicio de la libertad de conciencia, incorporar los acuerdos firmados con confesiones distintas a la Iglesia Católica y la jurisprudencia del Constitucional.

La Conferencia Episcopal guarda silencio. Los obispos han optado por no emitir un pronunciamiento público al respecto y no desvelan siquiera si el tema se tratará en las reuniones de la cúpula o en su próxima reunión con el Papa, porque "la agenda es privada", aseguran fuentes del Episcopado.

El PP, por boca del portavoz en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, aseguró que no apoyará al Gobierno en la reforma de esta Ley al considerar que puede ser utilizada como "pretexto" contra algunas religiones como la católica, que recordó que es la mayoritaria en España. Por su parte, este mismo viernes el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, también destacó que se trata de un asunto que no está entre las prioridades de los españoles, frente a otros como la economía.

También este viernes, el presidente de UDC y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, advirtió que el Ejecutivo tampoco tendrá el apoyo de la formación catalana, si lo que pretende es "fomentar un laicismo que ni practica ni comparte la izquierda europea".

En una carta web dirigida a los militantes de Unió, Duran advirtió de que "el laicismo es beligerante y excluyente hacia las opiniones y creencias de los otros", argumentó Duran, que lo diferenció de la laicidad, que "respeta y fomenta vivir libremente la creencia o no creencia religiosa sin imposiciones políticas".

PRUDENCIA

Más allá de las formaciones políticas, el anuncio hecho por De la Vega ha sido recibido, ante todo, con prudencia. "Debemos ser prudentes porque las razones que aduce la vicepresidenta para la reforma de la Ley no tienen sentido, porque o bien no se la ha leído o las intenciones son otras. Nos sorprende que no sea clara", asegura Pablo Molinero, portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que subraya que la norma de 1980 ya contempla que se deben facilitar los acuerdos con otras confesiones que hayan alcanzado arraigo en España.

A su juicio, el Estado debe otorgar derechos a otras confesiones, "pero sin tumbar a otras, todas en igualdad y teniendo en cuenta la realidad social en España", en alusión al catolicisimo como confesión mayoritaria. "España no es un país laico, sino aconfesional, según la Constitución. Lo laico pretende eliminar el hecho religioso de la sociedad y eso es lo que pretendemos evitar desde el Observatorio", concluye Molinero.

LIBERTAD DE CONCIENCIA

Para Juan Francisco González Barón, presidente de Europa Laica, el planteamiento es muy diferente. Modificar la Ley de Libertad Religiosa "no es necesario ni deja de serlo, es sólo una chapuza a la que nos tiene acostumbrados el PSOE". La organización que preside denuncia que la norma actual no se atiene al compromiso constitucional sobre el derecho a la libertad de conciencia.

Con la posible reforma legal, añade González, "sólo se va a poner un parche para hacer entrar a otras religiones además de la católica, pero no para el conjunto de ciudadanos que no tenemos convicciones religiosas, por lo que el problema se va a eternizar. Nuestras razones están en las antípodas de las del señor Trillo", agrega.

Una postura similar es la que se mantiene desde la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), organización adscrita a la Plataforma por una Sociedad Laica. "El anuncio abre una nueva perspectiva, pero realmente no sabemos lo que se quiere cambiar, así que optamos por ser prudentes", dice el vicepresidente de esta organización, Pedro Rascón.

CEAPA defiende "la religión fuera de la escuela", tanto la católica como las demás, con el máximo respeto a las creencias pero desde la convicción de que la religión debe quedarse en el ámbito de lo privado. "Lo más urgente sería la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Si la reforma va en ese sentido, bienvenida sea. Pero si lo que pretende es que haya cinco o seis religiones en cada centro escolar, iremos hacia el caos", concluye.

Fax Press - A.Campos