La decisión del Ejecutivo de prorrogar el funcionamiento  de
la central de Garoña dos años más de los cuarenta previstos de
su vida útil ha tenido la virtualidad de disgustar a todo el
mundo, tanto a quienes con el informe del Consejo de Seguridad
Nuclerar en la mano apostaban por la continuidad de la central
de Garoña diez años más a partir de 2011, como a aquellos que
están en contra de la energía nuclear, a los votantes
socialistas que estaban convencidos de que el Gobierno cumpliría
su programa electoral y cerraría Garoña en 2011, y a los
habitantes de la comarca donde está instalada la central porque
los trabajadores van a ver prolongada la incertidumbre sobre su
futuro dos años más, y quienes apelando a la seguridad quieren
ver cerrada la planta de Nuclenor, también.
    O sea, que el Gobierno ha logrado cuadrar el círculo de los
descontentos, porque son pocas las ocasiones en que una
resolución gubernamental concita tal grado de unanimidad en el
rechazo. En este caso no se puede arguir aquello de que si
critican la medida desde extremos opuestos es que puede ser la
adecuada. El gobierno ha renunciado, incluso, a satisfacer las
expectativas de sus votantes y a zanjar una polémica que ahora
coleará el resto de la legislatura y será uno de los ejes
centrales en la próxima campaña electoral, a la que sería
deseable que se llegar a con el debate sobre la energía nuclear,
y sobre el futuro energético general, sino cerrado, si bien
perfilado.
    Pero, ¿por qué habría que creer al PSOE si en su próximo
programa electoral proclama el cierre de las centrales
nucleares, si ahora que ha tenido una oportunidad de hacerlo no
se ha atrevido a llevarlo a cabo. El Partido Popular, al menos,
ya ha avanzado que prorrogará la vida útil de Garoña hasta el
límite propuesto por el CSN si gana las elecciones, por lo que
en su posición no se han producido cambios pendulares. 
    Uno de los argumentos esenciales utilizados por los
ministros de Industria y Trabajo, Miguel Sebastián y Celestino
Corbacho respectivamente, para avalar la decisión de Zapatero ha
sido que con los cuatro años que quedan desde este momento hasta
el cierre definitivo de Garoña hay tiempo suficiente para la
reindustrialización de la zona, de tal forma que no se resienta
el empleo en la comarca del valle burgalés de Tobalina.
    Es un buen propósito de los que está empedrado el infierno,
si se tiene en cuenta que muchas comarcas e incluso provincias
enteras se han visto afectadas por las sucesivas reconversiones
industriales o cierres empresariales masivos todavía están
esperando que lleguen las fábricas o las empresas de I+D+i en
las que los parados generados puedan  recolocarse. Por no ir muy
atrás en el tiempo, que se lo pregunten a los trabajadores de
Delphi que están en cursos de inserción mientras siguen sin
llegar los puestos de trabajo prometidos. En el caso de Garoña
el Gobierno se ha comprometido a que en los próximos tres meses
se haya elaborado un plan de Dinamización económica y de empleo.
Veremos si se cumplen los plazos  iniciales y si las otras
administraciones responden al reto, tras el rechazo de la Junta
de Castilla-León y los ayuntamientos afectados.  Será el primer
termómetro que mida el futuro laboral de la zona.
    Tampoco ayuda a defender las posiciones del Gobierno que
tras las cuatro razones para justificar la prórroga de Garoña no
haya ninguna referencia a la sustancial cuestión de la
seguridad, porque lo que nadie garantiza es que cuando llegue
2013, u ocho años más tarde, en el caso de que gobierne el PP,
el lobby nuclear no vuelva a la carga para intentar que la
central nuclear de Garoña siga funcionando durante más tiempo.   
   
    Fax Press.-