Director de la Agencia de Protección de Datos

 Entrevista Artemi Rallo

"ES NECESARIO ANCLAR EXPRESAMENTE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA CONSTITUCIÓN" 

"La Agencia es una Administración independiente que no recibe órdenes de ninguna entidad pública"

"Es necesario un cambio en el sistema educativo para garantizar la privacidad de los menores"

Foto: C.Benavides

Artemi Rallo tiene muy clara su responsabilidad: "garantizar el derecho de protección de datos de carácter personal" recogido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Como doctor en Derecho, y después de año y medio ejerciendo esta responsabilidad, es consciente de que el alcance de este derecho es "muy amplio" ya que "disponer de cualquier información personal que concierna a cualquier persona física abre un abanico de garantías extraordinario".

La Agencia no es un órgano de gobierno, es una "Administración independiente" que no recibe órdenes de ninguna entidad pública y, aunque la mayoría de las sanciones son de ámbito privado, "la administración no se escapa". Y con esto se refiere a una "Administración pública de todos los colores".

La Agencia tiene que garantizar la seguridad de las informaciones personales de los ciudadanos. Para ello, trabaja en diferentes vertientes: "la seguridad de la custodia, para evitar accesos indebidos por parte de quien no tiene porque acceder a este tipo de informaciones, y la seguridad como protección de esa misma información". La mayoría de las inspecciones que la agencia realiza, casi el 90%, suelen iniciarse a partir de denuncias de particulares, y un 10% de oficio, "desde la dirección de la agencia por el conocimiento que puede tener a través de los medios de comunicación de hechos singularmente relevantes".

La mayoría de los españoles, asegura, "han venido denunciando conductas relacionadas con dos entornos singulares: Las empresas de telecomunicaciones y las entidades bancarias". Las prácticas más denunciadas tienen que ver con "la inclusión indebida de los ficheros morosos, de solvencia patrimonial y crediticia, y la obtención irregular de datos personales para contratar, de forma fraudulenta, servicios por parte de empresas". En este entorno se proyecta casi la mitad de la acción sancionadora e inspectora. "La publicidad es tradicionalmente un sector de denuncias" tanto en su vertiente postal como, actualmente y con el avance de nuevas tecnologías, telefónicas e Internet. En los últimos años se ha producido "una eclosión notable de denuncias que tiene que ver con la instalación irregular de cámaras por razones de seguridad". Esto es un fenómeno reciente que a partir del 2006 ha aumentado notablemente el número de cámaras registradas por parte de las empresas. "Hasta el 2006 apenas había 700 entidades que declaraban ser responsables de cámaras y, en 2007, se sumaron otras 5.000. A fecha de hoy son 14.000".

Está convencido de que la legislación actual es suficiente y adecuada "con sus defectos también". Y cree que la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 "reconoce in extenso el derecho fundamental que establece potestades y facultades, reglas y principios y garantías suficientes". El problema de "un derecho reciente como este" que tiene que garantizarse en un entorno de "constante evolución" y "muy afectado por la revolución tecnológica", es ir encontrando "los perfiles concretos y las respuestas a toda esa realidad". Sin embargo, está completamente seguro de que "la agencia no puede rendirse frente a estos retos, sino todo lo contrario".

Considera que el artículo 18.4 de la Constitución que recoge los limites del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad de la persona no debe quedarse así. Aunque "hay que reconocer unas facultades visionarias a nuestros padres constituyentes", el artículo a día de hoy "debería anclar expresamente este derecho, sus implicaciones y sus límites, como ya hizo la Carta de Niza de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

En cuanto al uso de Internet por parte de menores asegura que "hay un déficit que es evidente" ya que "el adulto está a una distancia notable en su conocimiento de esas herramientas y eso juega en contra" por mucho interés que ponga la familia en la educación. Por ello, cree que las respuestas "deben venir del sistema educativo con sus cambios" ya que "no se puede confiar en la buena fe y la voluntad de los padres o madres, de profesores que ni tienen horas lectivas ni conocimiento a estos efectos para introducir información a unos alumnos frente a estos riesgos". Además considera que "es necesario cambiar las pautas y las políticas de garantía efectiva del derecho" y, la única vía realista para poder evitar todos estos riesgos "es la prevención, el desarrollar políticas que hagan de la formación, la educación y la prevención lo importante para paliar las consecuencias".

Respecto al origen de estas infracciones cree que "no son mayoritariamente con voluntad de causar daño", sino "la falta de diligencia de entidades que, sea por ignorancia o por falta de la diligencia debida, no asumen la responsabilidad de contemplar y establecer garantías en la información personal que gestionan". Aunque también hay que tener en cuenta que, algunas empresas, cometen errores "inexcusables" que pueden afectar directamente a la intimidad y seguridad de la persona". Errores como puede ser "la instalación de softwars de intercambio de ficheros en los ámbitos de trabajo". Como ejemplo concreto "conocemos casos como una clínica ginecológica en la que algún empleado o empleada utilizó un sistema de estas características y puso a disposición de la red el historial de 11.000 personas, de las cuales, más de 4.000 habían acudido para se atendidas en supuestos de interrupción de embarazo".

Marta Riesgo